A los fundamentos del proyecto, Alejandro Bodart agrega: “Esta ley no obliga de ningún modo al ciudadano común. Pero si ejercemos o nos postulamos para cargos ejecutivos, legislativos o judiciales, que incluyen poder de decisión sobre los recursos públicos y sobre la vida de otras personas,debemos asumir a fondo el compromiso con la cosa pública. Y no hay mejor estímulo… que la pertenencia personal del funcionario y su familia al sistema estatal de salud y educación.”.
